Tecnologías apropiadas para la información propia: innovación cívica y defensa del territorio en América latina
- 12 ago
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Por Marcela Basch
Frente a las brechas materiales y la vigilancia, diversas organizaciones construyen las herramientas que necesitan para obtener y cuidar sus propios datos. De Colombia a Chile,el Portfolio de Impacto de Democrática reúne experiencias de comunidades que tejen su soberanía digital en red.
Un monitor ambiental en los Andes peruanos toma una muestra de agua. Registra valores, saca una foto con el celular y la sube a una plataforma. Si el número de pH resulta científicamente incompatible, el sistema lo rechazará y le recomendará revisar la fuente; si es correcto, lo sumará a una base de datos construida en base a estos reportes comunitarios.
En el sur de Bolívar, Colombia, un grupo de jóvenes recorre las trochas (caminos rurales) para documentar el impacto de la minería sobre las ciénagas de la región, cada vez más secas. Luego, reportan lo que encontraron en una plataforma ciudadana online, que se convierte en un repositorio para disputar la narrativa ambiental oficial con evidencias.
En América Latina, la tecnología no es un accesorio ni un lujo, sino una infraestructura básica; tanto para las empresas y los gobiernos como para las comunidades ciudadanas que muchas veces se encuentran avasalladas por las industrias extractivistas. Sin embargo, entre el acceso a la tecnología de las grandes corporaciones y las organizaciones sociales hay enormes brechas materiales y operativas.
Según datos de DemocráTICa —el programa impulsado por la Alianza para la Democracia Digital Inclusiva (DDI), CIVICUS y Wingu para promover la democracia digital inclusiva en América Latina y el Caribe—, el 55% de las organizaciones sociales de la región operan con presupuestos anuales inferiores a los 50.000 dólares, y casi la mitad reporta falta de conocimientos técnicos específicos. En este contexto, avanzar hacia la soberanía digital se vuelve un imperativo: las comunidades precisan producir, almacenar y analizar su propia información para proteger sus derechos sin depender de plataformas que, muchas veces, pueden funcionar como herramientas de vigilancia.
Documentar la contaminación: Apu Catequil y el monitoreo del agua
Esta necesidad se ve con claridad en los departamentos peruanos de La Libertad y Cajamarca, donde la minería a cielo abierto (también llamada “de tajo abierto”) viene reconfigurando el paisaje y la vida de los habitantes desde los años noventa. Las comunidades comenzaron a percibir cambios en la calidad del agua, a partir de signos inequívocos:
“Ven que el agua cambia de color y de sabor, y el ganado está con la panza hinchada, o no engordan, o tienen problemas de salud”
relata Guillermo Martínez de Pinillos, coordinador de Apu Catequil / Red Catequil, una asociación dedicada a estudios territoriales y promoción social y ambiental en el norte de Perú. Pero aunque las consecuencias de la contaminación fueran evidentes, las mineras negaban que hubiera impactos negativos de su actividad, y las autoridades no intervenían.
Ante esa situación, las comunidades organizaron comités de vigilancia ambiental que registraban parámetros de polución en puntos clave. Pero esos registros tenían un punto débil: se volcaban en libretas, lo que volvía a la información frágil y dispersa.
"Muchos de esos datos se han perdido. Estaban en hojas, cambiaban los directivos de las organizaciones y la información desaparecía"
explica Martínez de Pinillos. Así crecía la asimetría de información: el Estado y las empresas tenían laboratorios; las comunidades, papelitos húmedos.
Apu Catequil toma su nombre de la deidad andina que se identifica con el enojo del agua, o del clima, y que por eso se asocia con fenómenos de cambio en el ambiente. La organización creó un Monitor Digital comunitario de agua, un repositorio digital diseñado para reunir esos registros. Esta plataforma cuenta con una suerte de filtro de calidad de la información: si por error una persona ingresa un dato incoherente, el sistema lo bloquea hasta que se verifique contra el acta manual. Una vez que los datos se validan, quedan disponibles para volcarse en documentos digitalizados y membretados, que permiten a la comunidad presentar una contra-narrativa científica tanto ante los distintos poderes del Estado como ante la prensa y la opinión pública.
Con el apoyo del programa Fondo de DemocráTICa, Apu Catequil está entrenando a agentes de los comités territoriales de vigilancia ambiental para que sean agentes multiplicadores del uso del monitor, y están organizando una maratón digital para subir a la plataforma registros históricos antes de que se pierdan. Así, si los animales se enferman y los sembrados se resienten, la comunidad podrá echar mano a estos datos georreferenciados para exigir fiscalización estatal.
Sin ciénaga no hay vida: Trochas y Ríos en Simití
Algo parecido sucede en la región de Simití, una suerte de “isla metafórica” entre el río Magdalena y la Serranía de San Lucas, en la Cordillera Central de Colombia, donde todo gira en torno al agua. Según cuenta Richard Payares Correa, director de Estudios Territoriales del Colectivo Rural Trochas y Ríos para la Paz, la minería a gran escala que se instaló después de la pandemia está provocando la sedimentación de 25 ciénagas vitales para la economía pesquera.
“Cuando los desechos mineros, los minerales, el lodo, la roca, van tapando los caños (los afluentes), ya no le entra agua a la ciénaga, no se oxigena”
explica.
“Al no oxigenarse se estanca; es un agua muerta, se ve verde, los peces ya no cumplen su ciclo de reproducción natural. Y aquí la economía en Simití es sí o sí la pesca, así que hay sedimentación en términos naturales y pérdida de la economía en términos sociales”.
Antes, la denuncia ciudadana era un "simple chillido" disperso que las autoridades ignoraban sistemáticamente, asegura Payares.
“Hay que mostrar fuerza organizativa y el primer paso para eso es recoger los datos, sistematizarlos, tener una base bien sustentada sobre la cual se puedan elevar acciones”
afirma.
Por eso, con la ayuda de DemocraTICa, el colectivo creó una plataforma digital de reporte, y entrena a jóvenes para recolectar evidencias de contaminación y volcarlas allí, como forma de construir conocimiento ciudadano sobre las consecuencias ambientales y sociales de la minería.
Hay otro elemento en esta militancia ambiental: documentar la muerte biológica de un cuerpo de agua es una forma sutil de denunciar el despojo territorial sin exponer a los jóvenes a riesgos directos. La zona del Simití es una de las más afectadas por los conflictos armados que asolaron a Colombia, que desde la firma de los acuerdos de paz en 2016 se reconfiguraron en las áreas mineras, donde las empresas multinacionales suelen establecer alianzas económicas con los grupos que a pesar de los acuerdos continúan armados. Así, la tecnología permite sistematizar la queja sobre la contaminación del agua para convertirla en incidencia legal efectiva de forma prudente.
El derecho a entender: Precisar y la alfabetización funcional
Para poder tomar buenas decisiones es necesario estar bien informado. Es más complejo de lo que parece: no solo es necesario acceder a información confiable; también hay que entenderla, y tiene que ser relevante, pertinente, no abrumadora.
“No ruido, como hay tanto actualmente”
dice Male Hoffman, directora ejecutiva de la Fundación Precisar, desde Chile.
Precisar nació tras los procesos constituyentes, al detectar que la ciudadanía no entendía lo que se discutía. “Un poco nació de la risa”, recuerda Male.
“Con Andrea -Raglianti, la coordinadora de Proyectos- leíamos los titulares y teníamos que trabajar con un abogado, porque no entendíamos nada. Yo era incapaz de entenderlo; decía ‘bueno, desde donde yo estoy, no entiendo’”.
Esto las llevó a pensar en cómo llegaba la información a las distintas poblaciones de Chile.
"El derecho a entender es más amplio que el lenguaje claro; es que la información sea íntegra, se encuentre y sirva para algo"
acota Andrea.
“Que contemple las necesidades de una muy amplia gama de personas; no solo de los que leen, los que saben, los que se instruyen”
detalla Male.
“Que la ‘señora Juanita’ pueda, por ejemplo, encontrar nuevos estilos de bordados para los delantales que vende en la feria, y que esa información que circula sea útil para ella”.
Con el fin de indagar un poco más sobre cuánto entendía la ciudadanía y qué tan conforme estaba con su relación con la información, diseñaron con el apoyo de DemocraTICa una consulta titulada “¿Cómo te informas hoy?”. Los datos preliminares arrojaron que el 71,5% de los encuestados requería adaptaciones para comprender las noticias. Muchas veces, las noticias confundían más de lo que ayudaban.
Para abordar esta brecha, diseñaron un bot de Whatsapp que ayuda a comprender el funcionamiento del Estado. También, como parte del mecanismo Polis de DemocraTICa, desarrollaron un módulo educativo titulado “Desinformación sin pánico: responder sin amplificar”, diseñado para capacitar a equipos de la sociedad civil frente al ruido mediático, que es parte del curso “Innovación y gobernanza digital” dentro de la Escuela DemocráTICa.
Aterrizar la discusión regional: Linterna Verde
Ante la enorme diversidad y heterogeneidad de problemáticas que afectan a los ciudadanos de América latina en los entornos digitales, ¿cómo lograr ciudadanías plenas que ejerzan su soberanía desde sus propias necesidades, sin comprar modelos diseñados en otras latitudes? Desde el programa Red de DemocraTICa, muchas organizaciones trabajan para densificar los lazos entre las distintas iniciativas. Una de ellas es Linterna Verde, creada en Colombia pero con proyección regional, que actúa como un nodo de articulación. Su misión es empoderar a las organizaciones de la sociedad civil en el debate público digital en América Latina; su tarea, "aterrizar" los debates globales sobre gobernanza de internet y regulación de inteligencia artificial a las realidades de América Latina.
Su directora ejecutiva, Daniela Flórez, define la soberanía digital como
“la capacidad de cada país para determinar sus propias reglas en el entorno digital, garantizando los derechos de todos y respondiendo a los contextos locales desde su realidad propia”.
Desde hace años trabajan en formación de capacidades y tienden puentes en la sociedad civil. También cumplen una función estratégica: dialogan con grandes plataformas como Meta para escalar casos de cierres de cuentas injustos o problemas de moderación, y colaboran con las organizaciones que hacen activismo directo en el territorio.
En esta línea, en el marco del mecanismo Red de DemocraTICa, Linterna Verde produjo recientemente “Diálogos Cruzados”, donde expertos en activismos de toda la región comparten sus distintas perspectivas sobre soberanía digital, discursos de odio y violencia de género facilitada por la tecnología, entre otros temas. En alianza con el medio digital La Silla Vacía, publicaron estos diálogos en el marco de la Red de Democracia y Tecnología, en buscar de ampliar las miradas y las voces que se alzan para sostener y construir el espacio siempre mutante de los derechos humanos en línea.
“Lo que hicimos fue tener una plataforma de difusión donde pudiéramos traer conversaciones de muchas partes de América Latina sobre qué estaba pasando con la regulación en cada país, experiencias y aprendizajes”
detalla Daniela. Son insumos que profundizan el debate, invitan a pensar y respaldan las acciones de quienes desarrollan acciones de activismo o incidencia.
Frente a la precariedad y la amenaza de las miradas únicas, más diversidad y soberanía tecnológica
A medida que las distintas organizaciones sociales que luchan por proteger y expandir derechos comunitarios, territoriales y digitales en América Latina se interconectan, se desarrollan procesos complejos, de aprendizajes compartidos, donde cada actor se enriquece de la experiencia de los demás y aprende de la diversidad. Por eso, DemocráTICa pone el acento en catalizar estos intercambios a través de un tejido regional que permita a cada organización potenciarse en las demás. Así, con instancias como las jornadas Tejiendo soberanía digital, se busca construir de manera colectiva la agenda regional de derechos.
Las organizaciones nucleadas por el programa son muchas más que las aquí mencionadas, y mucho más diversas. Hay iniciativas que trabajan para asegurar el acceso bilingüe a la Justicia de jóvenes de la Amazonía ecuatoriana; otras que desde Argentina buscan dar estructura a los derechos de bebés y niños en edad escolar; otras que ponen el acento en proteger a las mujeres, o a las comunidades LGBTQ+. Desde México hasta la Patagonia, los equipos de activistas demuestran que en la región las luchas son muchas y urgentes, y que la tecnología debe ser siempre un aliado, no un espía ni un costo.
La verdadera innovación cívica en América Latina no está en desarrollar la aplicación más sofisticada, sino en encontrar tecnologías apropiadas, en la doble acepción del término: que resulten apropiadas a los problemas que necesitan resolver y a sus entornos, y que las comunidades las hagan propias. Por eso, cada proceso empieza de manera local, y busca a través del diálogo la manera más adecuada de sortear las limitaciones de conectividad y los riesgos de seguridad para lograr el mayor impacto posible. En definitiva, el desafío no es nuevo: se trata de gestionar y optimizar el conocimiento para que ayude a vivir cada vez mejor.
Marcela BaschMarcela Basch es periodista, licenciada en Letras, docente universitaria, comunicadora y nexialista. Fundó el portal de noticias de economías colaborativas y cultura libre El Plan C. Cofundó y coprogramó el Encuentro Internacional Comunes. Es miembro del Laboratorio Abierto de Inteligencia Artificial y de la comunidad global de Creative Commons.. Fue editora en la revista Noticias, el diario Libre, el Grupo de Revistas La Nación y la revista Lamujerdemivida. Escribió el newsletter experimental diezpalabras. Integra la redacción de Perfil.com. |
