El valor público de la sociedad civil en la democracia digital
Por Daniela Carvajalino, directora programática de DemocráTICa
Uno de los mayores desafíos de la democracia digital radica en superar las visiones fragmentadas y avanzar hacia una visión ecosistémica, en la que convergen múltiples actores, agendas y enfoques para abordar problemáticas profundamente interconectadas. La democracia digital integra el ejercicio de los derechos humanos y políticos en entornos digitales, la transformación digital de los Estados democráticos y la gobernanza de plataformas, datos e infraestructura digital.
En este ecosistema interdependiente convergen Estados, empresas tecnológicas, sociedad civil, organismos multilaterales, academia y comunidad técnica, cada uno con capacidades y marcos de actuación distintos. Reconocer las complementariedades que emergen de esta interacción es fundamental para comprender cómo se construye y fortalece la democracia digital en nuestra región y en el mundo.
En América Latina y el Caribe enfrentamos, además, un desafío adicional: fortalecer las capacidades y condiciones habilitantes de una sociedad civil heterogénea que enfrenta el desfinanciamiento, brechas de especialización y conocimiento técnico, así como limitaciones para sostener procesos de acción colectiva. Ahora bien, ¿por qué es importante fortalecer el trabajo de organizaciones sociales, medios independientes, defensores de derechos humanos y movimientos de base? La respuesta es simple: su aporte al valor público es diferencial y se expresa en intervenciones concretas:
una organización territorial que habilita espacios digitales para que jóvenes de comunidades indígenas en Bolivia puedan acceder a información, expresar sus propias narrativas y disputar su representación en el espacio público;
una organización especializada en Colombia que produce herramientas para que la ciudadanía comprenda y responda a fenómenos como el doxing y el acoso online, y oriente sobre estrategias feministas de online public shaming o escrache digital frente a la violencia de género;
una red regional que articula a medios independientes y organizaciones de fact-checking para analizar el impacto de la inteligencia artificial en la desinformación durante procesos electorales y desarrollar mecanismos de respuesta colectiva para detectar contenidos sintéticos manipulados;
o unidades de investigación periodística en la región que examinan las estructuras de gobernanza y los marcos regulatorios de las plataformas digitales, exponiendo riesgos para la privacidad, la libertad de expresión, la asociación y la seguridad e integridad personal, promoviendo mecanismos de rendición de cuentas y control ciudadano.
A través de estas y otras intervenciones, la sociedad civil genera valor público al intervenir donde el Estado no llega o donde el mercado no encuentra incentivos para hacerlo; promover la inclusión de comunidades sub-representadas; identificar y visibilizar riesgos; producir conocimiento y evidencia; y generar mecanismos de vigilancia ciudadana y rendición de cuentas sobre decisores. En conjunto, estas capacidades contribuyen a definir y disputar las condiciones bajo las cuales se diseñan, regulan y gobiernan nuestros entornos digitales, promoviendo espacios inclusivos, abiertos, seguros y protegidos, que protejan y promuevan los derechos humanos.
Si imaginamos un futuro en el que la sociedad civil pierde capacidad de incidencia en la configuración del entorno digital, el riesgo no es únicamente la ausencia de determinadas iniciativas, sino una transformación digital definida fundamentalmente por los incentivos de los modelos de negocio y las prioridades de los actores con mayor capacidad económica, tecnológica o institucional. En este escenario, se debilitarían cadenas de valor que incorporan necesidades sociales, conocimiento territorial y perspectivas de comunidades tradicionalmente sub-representadas.
Durante el último año, DemocráTICa identificó 1.898 actores vinculados a la agenda de democracia digital en la región, mapeando un sector mucho más amplio y diverso de lo que suele identificar una mirada centrada exclusivamente en organizaciones formalmente constituidas.
El 22 % de los actores identificados no cuenta con personería jurídica.
Predominan además organizaciones pequeñas, con equipos reducidos y estructuras de financiamiento limitadas, pero con fuertes raíces territoriales y vínculos de confianza con las comunidades. Este diagnóstico nos llevó a una conclusión central: fortalecer la sociedad civil implica trabajar desde dos perspectivas complementarias. Una mirada organizacional —necesaria para medir resultados, asignar recursos y fortalecer capacidades específicas— y una mirada sistémica, todavía incipiente en la región, que permite identificar y fortalecer las conexiones, flujos de conocimiento, capacidades y formas de colaboración que se producen entre sus actores.
Esta mirada sistémica también permite comprender las distintas aproximaciones desde las que la sociedad civil interviene en la transformación digital de nuestras democracias. Desde DemocráTICa reconocemos tanto su potencial para fortalecer las capacidades del Estado, ampliar la participación ciudadana y modernizar la gobernanza abierta, como los riesgos que emergen cuando este potencial se despliega sin suficientes contrapesos: censura, vigilancia, desinformación, violencia de género en línea, interferencia electoral y concentración de poder en los ecosistemas digitales.
En un contexto latinoamericano impulsado por la búsqueda de soberanía digital, en el que gran parte de los estándares, modelos y tecnologías que definen la frontera digital se desarrollan fuera de la región, tenemos la oportunidad de avanzar con mayor información, conciencia y criterio, evitando que las decisiones sobre nuestro futuro digital queden determinadas exclusivamente por quienes concentran los recursos, la infraestructura y los mercados. En este escenario, fortalecer la capacidad de incidencia de la sociedad civil resulta imprescindible.
Finalmente, orientar la transformación digital de la región hacia objetivos democráticos implica construir una agenda coordinada entre los distintos actores, desde una perspectiva de integración regional, que permita desarrollar marcos regulatorios y modelos de gobernanza habilitantes para competir, pero también para asegurar que la innovación y el desarrollo tecnológico contribuyan efectivamente al desarrollo de la región. Esto requiere una cooperación con visión de futuro, capaz de identificar, anticipar, evaluar, monitorear y adaptarse a las tecnologías emergentes, de manera que podamos aprovechar sus oportunidades y responder a nuevos riesgos y desafíos.
Hacer efectiva esta articulación requiere recursos, cooperación técnica y condiciones habilitantes que permitan generar colaboraciones concretas y desarrollar capacidades colectivas entre los Estados, la sociedad civil, la academia y la comunidad técnica. La soberanía digital no se construye únicamente desarrollando tecnología o infraestructura, sino también fortaleciendo la capacidad de distintos actores para participar, incidir y decidir sobre cómo estas se desarrollan, adoptan y gobiernan.
Daniela Carvajalino es Directora Programática de DemocráTICa. Su trabajo se centra en el fortalecimiento de la sociedad civil, la democracia digital y la construcción de ecosistemas regionales capaces de incidir en cómo se diseñan, adoptan y gobiernan las tecnologías en América Latina y el Caribe. Desde DemocráTICa impulsa procesos de articulación, desarrollo de capacidades y cooperación entre organizaciones, redes y otros actores del ecosistema digital.
